El Constitucional admite el recurso contra la ley de Ayuso para no recordar el pasado franquista de la Casa de Correos

El Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la norma impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para impedir que se coloque una placa en la Real Casa de Correos con objeto de recordar que fue durante el franquismo lugar de detención y práctica de torturas. La admisión de la impugnación implica que dicha norma queda suspendida, como había pedido el Gobierno. La suspensión estará vigente por un período inicial de cinco meses, prorrogable si en este plazo no se ha dictado sentencia sobre el fondo del asunto.

El recurso se refiere a la reforma llevada a cabo por el Ejecutivo de Ayuso para añadir tres artículos a la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. El precepto impugnado se refiere a la protección, la instalación de placas o distintivos y la celebración de eventos y actuaciones en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad madrileña. La reforma persigue, por ejemplo, que “no se podrá autorizar la celebración de eventos ni actuaciones que puedan perjudicar o resultar incompatibles con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que puedan generar confusión sobre la Real Casa Correos como sede de la Presidencia”.

Las disposiciones recurridas quedan suspendidas con efectos para las partes de este proceso desde el pasado 27 de marzo, fecha en que el Gobierno interpuso el recurso de inconstitucionalidad. Para terceros, la suspensión está vigente desde que la decisión del Constitucional aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La impugnación del Gobierno se basa en que, a juicio de la Abogacía del Estado, la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid podría vulnerar la competencia para “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”, en relación la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. El recurso argumenta asimismo que la reforma legal acordada por el Ejecutivo madrileño sería contraria a los artículos 10 y 15 de la Constitución. El primero se refiere a “la dignidad de la persona” y “los derechos inviolables que le son inherentes”, y el segundo a la prohibición de la tortura y las “penas o tratos inhumanos o degradantes”.

La reforma de la ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, ahora recurrida, persigue no ya impedir la colocación de una placa concreta, sino que la Real Casa de Correos se declare Lugar de Memoria, de acuerdo con la ley estatal en esta materia y con la finalidad de recodar que fue escenario de prácticas que supusieron la vulneración de derechos fundamentales hoy protegidos por la Constitución. Es la declaración de Lugar de Memoria lo que permitiría la colocación de la polémica placa en mención de que el citado edificio fue durante el franquismo sede de la Dirección General de Seguridad. El Gobierno madrileño, a su vez, se resiste a que su sede actual pueda identificarse con el recuerdo de prácticas contra los derechos humanos durante la dictadura. De ahí que aprobase la normativa que requiere que sea precisa su autorización para la colocación de cualquier placa, en particular si puede “perjudicar o general confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia”.

En el Constitucional se sigue tramitando, por otra parte, el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado mes de marzo contra la administración estatal. El conflicto se planteó contra el acuerdo, de 16 de octubre de 2024, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, para incoar precisamente el procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática de la “Extinta Dirección General de Seguridad franquista”.